Alberto prepara un DNU para que las jubilaciones de privilegio hagan una contribución del 21%

Mientras se aguarda que la reglamentación de Ley de Emergencia Económica se publique en el Boletín Oficial -lo que ocurriría durante este mismo lunes-, Alberto Fernández trabaja para que las jubilaciones de privilegio se adecuen al contexto que atraviesa la Argentina, luego del encendido debate que desató el megapaquete de medidas que aprobó el Congreso de la Nación a fines de la semana pasada.

Según adelantó el periodista Ezequiel Rudman en Ámbito Financiero el presidente convocará este lunes por la tarde a la comisión encargada de definir un nuevo régimen de movilidad previsional. Además firmará un DNU para congelar las jubilaciones de privilegio a jueces y embajadores.

A su vez, el Poder Ejecutivo Nacional establecería una contribución “solidaria” del 21% para los beneficiarios de esa categoría y un aporte extraordinario de 7 puntos extra a los que cobren un haber superior a $100.000. Con esa imposición lograría recaudar, según cálculos oficiales, unos 2 mil 700 millones de pesos extra.

Dentro de los próximos 180 días, el Gobierno prometió definir cómo será la nueva movilidad para los haberes jubilatorios, además de un esquema de contribuciones para los denominados «Regímenes especiales», más conocidos como «jubilaciones de privilegio».

Recientemente, Fernández consideró que «el sistema de jubilación de la Argentina es muy confuso. Hay regímenes especiales que en algunos casos son verdaderamente de privilegio». «No es ir en contra de nadie, es poner un poco equilibrio y orden. Donde más se manifiesta ese desequilibrio de las jubilaciones es en el caso de los jueces y de los diplomáticos, que además tienen sueldos en dólares y demás, entonces las jubilaciones son muy importantes», explicó el jefe de Estado, en declaraciones periodísticas.

Durante el último fin de semana, el Presidente prorrogó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero, e incluyó el proyecto de ley para modificar la Ley 18.464 de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

También, sumó otro proyecto para introducir cambios a la Ley 22.731, que establece el régimen jubilatorio para el personal del servicio exterior de la Nación.

En este marco, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, ya aprobada por el Congreso, establece en su artículo 56 que «el Poder Ejecutivo Nacional convocará a una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia para que en el plazo de 180 días».

También dispone que la cartera «revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial, y proponga al Congreso las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales».

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