Anularon la condena por violación para el secuestrador del defensor

Por unanimidad, un tribunal de Impugnación hizo lugar al planteo de la defensa y anuló la sentencia que condenaba a un hombre por haber la violación de la hija de su pareja. Se trata del vecino de Zapala que tomó de rehén a su defensor público tras la declaración de culpabilidad exigiendo una nueva cámara Gesell. Impugnación sostuvo que la sentencia tuvo una fundamentación defectuosa y ahora, se deberá realizar un nuevo juicio.

Cabe indicar que en marzo de este año, el hombre fue declarado penalmente responsable por los delitos de abuso sexual simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado, ambos agravados por haberse cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente y ser encargado de su guarda; y en mayo se le impuso la pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo.

Precisamente, ambas sentencias fueron las que impugnó la defensa oficial del hombre, representada por Diego Simonelli. «La sentencia de responsabilidad padece de una deficiente valoración de la prueba relativa a la materialidad como también a la autoría», sostuvo el defensor durante la audiencia de Impugnación realizada a principios de julio ante un tribunal integrado por las jueces Florencia Martini y Liliana Deiub y el juez Federico Sommer.

En este sentido, indicó que «el testimonio de la niña no fue convalidado ni corroborado por el resto de la prueba producida en juicio», que «la pericia médica fue insuficiente e inconsistente con los dichos de la presunta víctima», que «el acceso carnal no fue acreditado y la duda razonable debió haber jugado en favor de su asistido» y que a la hora de la pena se realizó «una doble persecución por el mismo hecho valorando un suceso no vinculado con la denuncia, ocurrido luego de la sentencia de responsabilidad (refiere al hecho del que fuese víctima el defensor Pablo Méndez)».

Por todo, el defensor Simonelli solicitó la absolución de su asistido y sino, subsidiariamente se fije una pena de 8 años y 6 meses de prisión.

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