El Gobierno de Lula busca castigar a atacantes de edificios oficiales: detienen a 1.200 seguidores de Bolsonaro
Las autoridades brasileñas prometieron proteger la democracia y el lunes se preparaban para imponer castigos después de que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial y causaran destrozos en las principales sedes de poder del país.
Esta tarde se supo que el expresidente brasileño fue hospitalizado en Estados Unidos, a donde viajó antes de que asuma Lula, por fuertes dolores abdominales.
Los manifestantes del domingo reclamaban una intervención militar que reinstaure al ultraderechista Bolsonaro en el poder o expulse al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, recién instalado en el cargo, en escenas de caos y destrucción que recordaban a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
La policía desmanteló un campamento pro-Bolsonaro frente a un edificio militar el lunes y detuvo a unas 1.200 personas allí, informó la oficina de prensa del Ministerio de Justicia a The Associated Press.
Lula y los jefes del Tribunal Supremo, el Senado y la Cámara Baja también firmaron una carta el lunes denunciando actos de terrorismo y vandalismo y diciendo que estaban tomando medidas legales.
Qué daños provocaron los seguidores de Bolsonaro
Simpatizantes de Bolsonaro vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera nacional rompieron ventanas, derribaron muebles y arrojaron computadoras e impresoras al suelo.
Agujerearon en cinco puntos un enorme cuadro de Emiliano Di Cavalcanti, volcaron la mesa con forma de U donde se reúnen los jueces del Supremo Tribunal Federal, arrancaron la puerta del despacho de un juez y vandalizaron una emblemática estatua ante la corte. Los interiores de los edificios monumentales quedaron en estado de ruina.
En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el ministro de relaciones institucionales dijo que se inspeccionarían los edificios para buscar pruebas como huellas dactilares e imágenes para que la gente rindiera cuentas, y señaló que los alborotadores al parecer pretendían emprender acciones similares en todo el país.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que los actos equivalían a terrorismo y amenaza de golpe de Estado y que las autoridades habían empezado a identificar a las personas que pagaron los autobuses que llevaron a los inconformes a la capital.
