El Ministerio de Trabajo rechazó el reclamo de Latam y ratificó los vínculos laborales
El Ministerio de Trabajo rechazó hoy la solicitud de la aerolínea Latam para que se autorice el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), luego de ratificar la vigencia del decreto presidencial 487/20 que prohibió los despidos realizados por la compañía, por lo que las 1.715 cesantías «tienen efecto legal nulo», se informó oficialmente.
La cartera laboral que encabeza el ministro Claudio Moroni sostuvo esta tarde que «el PPC solicitado por la empresa fue rechazado», y confirmó que adoptó la decisión luego de que Latam ratificara la intención de cesantear al personal.
El Dictamen 3214.ES había considerado pertinente el análisis del pedido empresario de aplicación de la figura del PPC «de forma previa a darle curso», pero de manera paralela informó a sindicalistas y empresarios respecto de «la vigencia del decreto 329/20 y su prórroga en el 487/20, que prohibió despedir».
En una audiencia presencial realizada este martes en la cartera laboral, en la que participaron funcionarios, gremialistas y directivos de Latam Argentina, las partes ratificaron sus respectivas e históricas posturas y «no hubo solución consensuada».
Trabajo aseguró que la compañía ratificó «la intención de disolver la totalidad de los 1.715 vínculos laborales a partir del cese de sus operaciones locales», lo que fue rechazado por los sindicatos y, sobre la base de las disposiciones oficiales vigentes, Moroni sostuvo que «las cesantías tienen efecto legal nulo», por lo que desestimó el PPC y puntualizó que «se mantienen las relaciones laborales».
Un documento de los cinco sindicatos agrupados en «Gremios Aeronáuticos Unidos» (pilotos de líneas aéreas, técnicos, personal aeronáutico, tripulantes de cabina y superior), respaldó la decisión y sostuvo que la medida evitó «un atropello más en desmedro de los más de 1.700 empleados despojados de sus tareas».
«Trabajo impidió que Latam continuase violando la legislación laboral y los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) aprobados por el Congreso, comportándose no como una empresa sino como un Estado dentro del Estado, luego de su intempestiva e injustificada decisión», puntualizó el documento.
