Juntos por el Cambio no dará quorum en Diputados para el proyecto de emergencia

El gobierno envió al Congreso un proyecto de emergencia económica integral, con capítulos para la emergencia financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social y contempla el restablecimiento de facultades ampliadas para el Poder Ejecutivo, conocidas como superpoderes. El megaproyecto lleva el nombre de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y será tratado hoy por la Cámara de Diputados.

“Supera ampliamente la emergencia del 2002, buscan desguazar el Congreso a través de una enorme delegación de facultades”, resaltó en durísimos términos Mario Negri entrada la tarde, en medio de una sucesión de reuniones que empezó bien temprano en la vieja sede del Gobierno porteño, en Bolívar 1, con la mesa política. Poco después de las 21, la primera minoría opositora resolvió por unanimidad que no dará quórum.

La ley fue presentada por el ministro de Economía Martín Guzmán en un encuentro con la prensa en el auditorio del Palacio de Hacienda. Guzmán confirmó una serie de iniciativas tributarias y fiscales incluidas en el proyecto –algunas fueron anticipadas en la noche de lunes por el presidente Fernández– y anunció que habrá un impuesto del 30% para todas las compras de dólares, incluido el atesoramiento.

El ministro resumió los principales lineamientos en cuatro capítulos: Jubilaciones, Medidas Tributarias, Esquema Tarifario y Deuda Pública y enumeró una decena de medidas que incluye el pago de un bono de $5000 en diciembre y enero para los jubilados que reciben la percepción mínima y la eliminación de la actualización automática de los haberes jubilatorios (se reformará en 180 días); el aumento en las alícuotas del impuesto a los bienes personales, que se duplicará en el caso de bienes en el exterior; la suba en un 3% en las retenciones a las exportaciones agropecuarias y un nuevo régimen para discutir la actualización de las tarifas de los servicios públicos y una moratoria tributaria para pymes y entidades civiles sin fines de lucro.

El proyecto crea el llamado Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria, con carácter de emergencia, por cinco años o períodos fiscales, que gravará la compra de dólares con un 30% para atesoramiento, las compras con tarjeta de crédito y de débito en el exterior, compras a través de sitios que facturen en dólares, compra de servicios en el exterior y compra de pasajes al exterior. 70% de lo recaudado se transferirá a la seguridad social y 30% a obras de infraestructura.

La ley devuelve al Ejecutivo los denominados “súper poderes” para modificar partidas. Así está contemplado en la iniciativa que va al Congreso en el artículo 84, que le da facultades para “efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.

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