Río Negro refuerza su postura sobre la nueva ley petrolera

La discusión por el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones de Hidrocarburos mantiene alerta al gobierno de Río Negro, empresas, pymes y diversos actores de la cadena de producción. En el equipo de la Secretaría de Energía provincial advierten que están desmenuzando el texto que ya ingresó al Senado y circula entre los mandatarios de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Hasta ahora, los primeros indicios reproducen cierto apego de los objetivos generales entre quienes se ven beneficiados por la incorporación del valor agregado regional, aunque temen por la potestad de los recursos.

Incrementar la producción e industrialización, aumentar la exportación, darles un sustento a las golpeadas arcas provinciales con el aumento de las regalías, potenciar la sustentabilidad energética, y, en definitiva, garantizar el autoabastecimiento, son los ejes que apuntaló el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en el Congreso. Todas esas promesas fueron puesto a prueba por el gobierno rionegrino.

Al unísono se expresaron la secretaria de Energía provincial, Andrea Confini, y el senador nacional Alberto Weretilneck, jefe político de Juntos Somos Río Negro (JSRN). Este último en una charla con empresarios organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Archam) fue muy duro con la gestión nacional, algo que ratificó en la comisión de Energía del Senado este miércoles.

“Estamos observando capítulo por capítulo, porque es muy abarcativo este proyecto. Debemos tener cuidado y responsabilidad porque la ley tendrá una vigencia de 20 años”, expresó Confini, quien machacó con realizar un análisis pormenorizado del texto que presentó Alberto Fernández antes del tembladeral político que raleó su gabinete. El principal temor es una posible pérdida de autoridad dentro de las jurisdicciones y algunas implicancias que vinculan a las operadoras.

Otra de las inquietudes gira en torno a los yacimientos maduros, el sostén de la actividad en Río Negro. “Se mide la acción por empresa, no define cuencas, áreas ni provincias. Son cuestiones que analizamos al detalle”, planteó la funcionaria de la gobernadora Arabela Carreras. “Estamos a favor de la promoción, pero debemos cuidar las atribuciones que nos dio la Nación a las provincias como dueñas de los recursos. No queremos que se afecte la autoridad de la provincia”, ratificó Confini.

Más duro fue Weretilneck, protagonista de un ida y vuelta virtual con empresarios del sector organizado por representantes de Norteamérica en el país. Para el mentor del partido que se gestó a imagen y semejanza del Movimiento Popular Neuquino (MPN), “es fundamental una ley así porque la política de diferentes gobiernos nacionales fue tan contradictoria e hizo que no seamos demasiado confiables”.

“Espero que se inviten a dar su opinión a los sindicatos, a los gobernadores y gobernadoras y a las empresas, que son las beneficiadas. Eso va a enriquecer el proyecto, sobre todo a lo que tiene que ver con las provincias”, manifestó en la reunión que tuvo a Martínez como protagonista en el Congreso. Y apuntó contra artículos que “echan por tierra” acuerdos históricos entre las provincias productoras y el Estado nacional.

Similar análisis alcanzó Ramiro Arceo, titular de la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) de Río Negro, el ente que representa a las Pymes del sector. Para Arceo, “es positivo cualquier incentivo” diagramado en el proyecto, aunque las prestadoras de servicios no observan un beneficio a corto plazo.

“Cualquier tipo de novedades o discusiones del gobierno, que busca la reactivación, la apoyamos. Sabemos que esta Ley les pone valor agregado a las operadoras, pero sabemos que no somos beneficiaros inmediatos”, analizó Arceo ante el llamado de +e. “Esto será un efecto derrame, estamos a la expectativa. Igual, tenemos los problemas de siempre como impuestos imposibles de pagar, o leyes laborales arcaicas”, machacó el empresario de Catriel.

Si bien no hay fecha definida, Arceo sabe que empezará una ronda de encuentros con representantes de las empresas antes de la segunda quincena de octubre.

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